Verifactu ya lleva un retraso a sus espaldas. La obligación de implantar sistemas de facturación verificable, que inicialmente debía entrar en vigor en 2026, fue aplazada un año mediante el Real Decreto-ley 15/2025, publicado en el BOE el 3 de diciembre de 2025. Las nuevas fechas quedaron fijadas en el 1 de enero de 2027 para las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de empresarios y profesionales.
Ahora, a pocos meses de esas fechas, vuelven a circular rumores sobre un posible segundo aplazamiento. ¿Hay base para esas especulaciones? ¿O esta vez Hacienda va en serio?
Por qué podría volver a retrasarse
Quienes apuestan por un nuevo aplazamiento se apoyan en argumentos que tienen su peso:
El precedente existe. El primer retraso se produjo precisamente porque una parte significativa del tejido empresarial y del sector del software no estaba preparada. Ese mismo argumento puede repetirse: muchas pymes y autónomos siguen sin haber iniciado la adaptación.
La presión del sector continúa. Las asociaciones de autónomos como ATA y UPTA, junto con organizaciones patronales, fueron determinantes para conseguir el primer aplazamiento. Si la situación no ha mejorado sustancialmente, la presión podría volver a surtir efecto.
Complejidad técnica real. Verifactu no es una simple actualización de software. Requiere que los sistemas de facturación generen registros con huella digital, los envíen a la Agencia Tributaria en tiempo real o al menos los almacenen para remisión posterior, y cumplan con especificaciones técnicas detalladas. No todos los proveedores de software han completado la homologación.
Por qué esta vez no habrá nuevo retraso
Los argumentos contrarios son, en nuestra opinión, más sólidos:
Es ley, no intención. El aplazamiento a 2027 no fue una declaración de intenciones: quedó publicado en el BOE mediante Real Decreto-ley y fue convalidado por el Congreso. Modificarlo de nuevo requeriría un nuevo proceso legislativo con el desgaste político que eso implica.
Hacienda ha sido explícita. La Agencia Tributaria ha comunicado en repetidas ocasiones que 2027 es la fecha definitiva, precisamente para dar seguridad jurídica al sector del software y a las empresas que sí han invertido en adaptarse. Un segundo retraso premiaría a quienes no han hecho los deberes y penalizaría a quienes sí los han hecho.
Las empresas han tenido tiempo más que suficiente. Desde que se publicó el Reglamento en 2023, las empresas llevan más de tres años con la normativa sobre la mesa. El aplazamiento de 2025 fue una concesión extraordinaria, no la norma.
El objetivo de control fiscal es estratégico. Verifactu responde a una prioridad clara de la Administración: reducir el fraude en la facturación. España tiene uno de los mayores índices de economía sumergida de Europa, y este sistema es una herramienta clave para combatirlo. No es una normativa de trámite que se pueda posponer indefinidamente.
El sector del software ya está preparado. A diferencia de 2025, buena parte de los principales proveedores de ERP y software de gestión ya han completado o están en proceso avanzado de homologación. La excusa técnica tiene cada vez menos recorrido.
¿Qué deben hacer las empresas?
Independientemente de lo que ocurra con los plazos, la conclusión es clara: Verifactu no va a desaparecer. Es una obligación legal que llegará antes o después, y cada mes de retraso en la adaptación es un mes menos para resolver imprevistos.
Las empresas que ya trabajan con un ERP actualizado y homologado pueden estar tranquilas. Las que aún no han iniciado el proceso deberían hacerlo ahora, aprovechando que todavía hay margen para hacerlo con calma y sin presión de última hora.
Desde ADN Software llevamos meses trabajando en la adaptación de nuestras soluciones a los requisitos de Verifactu. Si tienes dudas sobre cómo afecta esta normativa a tu empresa o quieres saber si tu sistema actual cumplirá con los requisitos, contacta con nuestro equipo y te orientamos sin compromiso.